Es una política pública estatal específica del Ministerio de Igualdad, dirigida a todas las víctimas de trata y explotación sexual, con la intención de darles alternativas económicas laborales y sociales.
El impacto de esta política en los roles de género es
directa y transversal porque es una vía para abolir la desigualdad que genera
el machismo sobre los cuerpos de las mujeres y con ella se busca reparar las
vidas de estas mujeres garantizando el acceso a vivienda, educación, sanidad
formación y empleo. Por otro lado, respecto a la representación del proyecto, las mujeres juegan un papel importante, ya que es Irene Montero, actual Ministra
de igualdad, la impulsora del Plan Camino.
El Plan Camino incluye 28 medidas a implementar entre 2022 y
2026, nunca antes abordadas. La principal es la inserción socio laboral con
vías realistas de salida de la explotación y programas de acceso a derechos
sociales y económicos. También incluye campañas de sensibilización con el
objeto de llegar a jóvenes y promover la
prevención.
En definitiva este plan es una ayuda que se le ofrece exclusivamente a las mujeres más vulnerables, generalmente mujeres migradas en situación administrativa irregular. Es una medida reciente, aprobada en septiembre de este año y servirá de ayuda para reforzar la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas.